La malversación de fondos, la adjudicación discriminada de obras públicas, la rescalificación de terrenos públicos para promover el incremento desproporcionado de las construcciones, la duplicidad de cargos públicos, el incremento desmesurado del gasto público, la mala gestión de los recursos energéticos, etc. Produce la actual situación de recortes sociales.
Disminuir el gasto comienza por suprimir los gastos superfluos como parar la contratación de funcionarios de cualquier índole hasta finalizar la crisis, reducir los políticos a un tercio del volumen total y la asignación de la casa real, suprimir los consejeros del gobierno, delimitar el gasto en representación y protocolo, dietas y desplazamiento, suprimir la ayuda exterior hasta el saneamiento de las cuentas y destinarlo a paliar los problemas financieros de la ciudadanía más necesitada, minimizar la actuación del ejército reduciendo al uso imprescindible, incrementar los impuestos a las constructoras por especulación inmobiliaria, subir la factura energética a las personas que tienen viviendas desmesuradas, suprimir ayuntamientos pequeños y agruparlos en otros mayores, perseguir el fraude por parte de empresa y trabajadores, cobrar un impuesto especial por artículos de lujo, añadir un impuesto a los compradores de joyas y materiales preciosos.
Cambios que recortan el gasto sin mermar los servicios primordiales que ayudan a personas muy necesitadas que están desamparadas sin la tutela del estado, deber moral que garantiza los derechos de los ciudadanos, los cuales están por encima de cualquier cargo político y estado de derecho.