La trama Rumasa comenzó durante el mandato socialista y auguraba un proceso judicial sin precedentes, al expropiar el estado el holding español más grande existente constituido con más de setecientas empresas, en virtud al Decreto 2/1983. Alegando que el grupo había evitado pagos hacienda durante años y que estaba en bancarrota virtual, manteniéndose a flote exclusivamente al amaño de los libros de contabilidad de la empresa.
Alrededor del grupo y del empresario se ha teorizado, que había sido una confiscación de carácter inconstitucional, aunque el Tribunal Constitucional consideró todo lo contrario. Después de más de doscientos sentencias y treinta años de lucha, la expropiación de Rumasa le podría costar al estado más de dieciocho mil millones de euros, una deuda que podría ser el colofón a la crisis económica.
En la actualidad se vuelven a vivir nuevos episodios de la trama financiera con Nueva Rumasa, una red empresarial que consta con más de un centenar de empresas que se encuentran al borde de la quiebra y que puede costar el empleo a miles de personas, un aguijonazo al partido socialista que intenta sortear los fantasmas del pasado.