El sistema social actual retrasa significativamente la edad de incorporación al mercado laboral debido a la prolongación en la formación académica, necesario para adquirir un alto grado de conocimientos y especialización, necesaria para la creciente demanda de personal cualificado.
Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de computar para la jubilación es el sistema de contratación existente, el cual se centra en la temporalidad de los contratos y en la parcialidad de la jornada laboral, retrasando la computación del tiempo para acceder a una pensión.
Al instaurar el tiempo de cotización en treinta y cinco años estamos limitando el número de personas que accederán a cobrar la pensión y muchos no percibirán el cien por cien, esto discriminará a un alto porcentaje de ciudadanos que verán mermados sus derechos constitucionales. La propuesta actual es insolidaria, no tiene en cuenta el modelo productivo y la realidad social del país, la opinión pública y las necesidades reales del tejido empresarial.