La libertad de acción del gobierno invalida la decisión electoral del pueblo que está condicionado a la exigencia de los cuerpos del estado y estos a su vez al dictamen judicial que controla la decisión política, dictámenes supeditados a la interpretación de las leyes según el punto de vista exigido por los organismos de control que modifican y adaptan el marco legal a las conveniencias de la circunstancias, politizando las decisiones y elección de los altos cargos judiciales.
Decisiones que dejan desprotegidos a los ciudadanos que no pueden manifestarse con total libertad sin ser perseguidos por los cuerpos del estado que aplican las leyes con escrupulosa rigurosidad, articulando los mecanismos sancionadores para castigar en un momento de especial necesidad económica con multas, represiones físicas y penas de cárcel en la mayoría de los casos sin razón. Pretendiéndose, así, que los ciudadanos permanezcan callados y sumisos a los dictámenes del gobierno.
Los pensamientos radicales y políticos afloran en algunos sectores de la ciudadanía sobre todo en aquella que está en posesión de los privilegios económicos, cúpulas de poder y sectores financieros, alentados por un pensamiento radical que nace de Alemania y afecta al resto de Europa como un cáncer.