El proceso abierto contra Iñaki Urdangarin al margen de la sentencia ocasiona un gran prejuicio a la reputación de la Casa Real, institución que gozaba de intachable prestigio y servía de referente a las demás monarquías del mundo, se convierte en el centro de atención por corrupción en un momento de crisis.
Las actuaciones empresariales del Duque de Palma no se pueden desligar de la casa real al estar vinculadas sus actuaciones con sectores del gobierno y los ingresos proceder de las arcas del estado, influencias que le permitían hacer negocios con personalidades de la política y ejecutivos del tejido empresarial del país, ganándose la confianza de organismos y empresas al ser miembro de la realeza.
La única salida de la Casa Real es desposeer sea culpable o no de los títulos nobiliarios a Urdangarin y el Rey hacer una declaración pública para recriminar la actuación de su yerno, apoyando a la justicia y poniéndose al servicio del estado congratulándose con los súbditos, restableciendo la confianza en la monarquía quebrada por un hecho desafortunado.