El texto está, según fuentes gubernamentales, muy avanzado, pero al mismo tiempo sigue siendo difuso. Lo único que parece tener claro el Ejecutivo es que ha llegado la hora de que la legislación establezca nuevos criterios de colaboración entre la Administración y las distintas confesiones religiosas que se han ido abriendo paso en España en los últimos 30 años, las sitúe en pie de igualdad con el catolicismo, erradique privilegios y permita avanzar hacia la desaparición de símbolos y liturgias religiosas en los edificios públicos y en los actos oficiales.
La religión es una cuestión delicada, la mayoría de los problemas y guerras en las naciones se han producido por culpa de las religiones.
En una sociedad moderna se tiene que abrir la mentalidad y se tienen que habilitar los mecanismos para que de la religión no surjan fanáticos, sea plural e igual para todos sin que sea un motivo de discordia, garantizando de esta forma la individualidad religiosa.