Las medidas adoptadas en seguridad alimenticia sobre cualquier producto que se elabore en cualquier país se tienen que extrapolar al resto del mundo, convenio en beneficio de la salud pública que vele por los derechos de los ciudadanos al margen de las políticas alimenticias de cada nación, acuerdo que incremente la seguridad sobre los intereses económicos.
No puede ser que los controles se flexibilicen dependiendo del país donde se apliquen las medidas de prevención, eludiendo los posibles inconvenientes para la salud por falta de estudios concluyentes que demuestre fehacientemente los resultados, mientras millones de personas siguen con el consumo del producto que puede tener algún componente perjudicial.
A falta de resultados que demuestren el prejuicio de algún componente alimenticio debe primar la seguridad sobre los intereses del fabricante, obligándole a especificarlo en el etiquetado o cambiar el elemento por otro más seguro pero no sólo en una cadena de producción sino en todas las fabricas, independientemente de su ubicación geográfica.