En un país democrático los militares y guardias civiles pueden votar, haciendo uso del ejercicio de sus derechos constitucionales, pero no pueden tener una opinión abierta y pública de sus opiniones políticas. Esto supone un recorte de libertades que se encuentran sujetas por el régimen disciplinario, el cual se puede utilizar para sancionar, si se protesta o se hace manifestación contraria al gobierno. Aunque sea para defender sus libertades y derechos, como ciudadanos.
Las manifestaciones son el uso legítimo de cualquier ciudadano para expresar de forma abierta sus ideales y mejorar su situación laboral, apoyándose en la opinión pública para hacer oír sus reivindicaciones, ante el recorte de los derechos profesionales y el agravio comparativo entre diferentes cuerpos del estado.