La revisión de técnica de vehículos conocida como ITV es una tasa ineludible que ha subido en consonancia con el abuso gubernamental, tiene una finalidad recaudatorio sobre la propiedad privada, aunque se quiera disfrazar como un servicio ciudadano cumple con otros propósitos a parte del económico.
El aumento de la rigurosidad de la inspección no sigue un patrón de seguridad sino una forma de alentar al usuario de utilitarios a renovar su vehículo, poniéndole trabas burocráticas para poder circular con un coche que está en perfecto estado, incitando así al propietario a cambiarlo.
Todo sigue una estrategia política que ataca las libertades ciudadanas al condicionarla mediante sutiles medidas que intentan esconder una nefasta gestión, dañina para el país, convirtiéndose en el blanco de las iniciativas desesperadas del gobierno que intenta esconder su incapacidad para gobernar.