No es tolerable que un miembro de la corona sea cual sea el puesto en la línea de sucesión se le permita actuaciones impropias, aunque el gobierno esté corrupto tiene que servir con ejemplaridad, actuando con circunspección.
Los políticos son servidores públicos no reales por eso es impropio del cargo que ocupan que intenten defender y salvaguardar con declaraciones públicas el nombre de la infanta escudándose en la marca España, imputada por actuaciones que persiguen el lucro personal, aunque no le hiciera falta el dinero.
Un castigo ejemplar tendría que ser que la Infanta y su esposo devolvieran todo el dinero y pagarán con servicios a la comunidad el agravio ocasionado a la nación, convirtiéndose en embajadores del país con acciones humanitarias, aprendiendo así la lección moral de que tienen que pensar en los demás antes que en sí mismos.