La dación en pago es un problema social que tiene solución pero no existe voluntad para arreglar el problema por los intereses políticos existentes en las entidades financieras, prolongación del estado y fuente de ingresos, proporciona beneficios a los círculos de poder que se lucran con las cuentas públicas y los fondos privados.
El problema radica en la unión bancaria y del estado de forma unilateral, simbiosis que beneficia a banqueros y políticos, aliados en el entramado de corrupción que lapida la economía y sangra a la nación.
Arreglar el problema parte por regular la actividad política para que no pueda beneficiarse ni favorecer a las personas que tengan relación con funciones económicas de manera directa o indirecta, cortafuegos que cese de inmediato del cargo público o financiero a las personas que no tengan una actuación transparente, conduciéndolas a disposición judicial para investigar las actuaciones y el aumento de patrimonio.