La detección ilegal del minero asturiano es una actuación desproporcionada de la que se tiene que depurar responsabilidades políticas y policiales porque atenta contra los derechos constitucionales del ciudadano, reacción injustificada que pone de manifiesto el recorte sistemático del gobierno de los derechos fundamentales con la criminalización de hechos que no son constituyentes de delito, producidos para acallar las protestas contra actuaciones que van en contra de los intereses del país.
Actuación respaldada por el sistema judicial al tramitar una denuncia que no tenía base para su diligencia al existir pruebas que lo exoneran de los cargos imputados, tendría que haber sido desestimada y puesto en libertad de forma inmediata sin cargos, exculpando al acusado que cumplió de forma indebida prisión preventiva.
Mientras sus captores ocultos en el anonimato y excusados por el cumplimiento de sus obligaciones se esconden tras los uniformes sin pagar de forma pública por el error que han cometido, atentado contra el honor de un ciudadano que tiene que defender su inocencia en los tribunales, criminalizado sin que el gobierno se pronuncie.